Protocolo Absentismo Escolar
En octubre de 2024 se llevó a cabo un cambio significativo en la gestión del absentismo escolar en la ciudad de Sevilla, con el traspaso de esta competencia desde la Delegación de Educación, al Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones. Esta transferencia se fundamenta en la consideración del absentismo escolar como un indicador de riesgo, de acuerdo con lo establecido en la Orden del 30 de julio de 2019, en la que se aprueba el instrumento Valórame. En concreto, esta responsabilidad ha recaído en la Sección de Menores, Familia y Relaciones Institucionales. Este traspaso, no solo representa una reestructuración administrativa, sino que también, abre la puerta a un enfoque más integral, preventivo y comunitario en la lucha contra el absentismo escolar.
El presente Protocolo es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Delegación Territorial de Educación, lo que pone de relieve la importancia de la colaboración interinstitucional para abordar esta problemática de manera efectiva.
El absentismo escolar es un fenómeno complejo que afecta a numerosos niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad. Un análisis exhaustivo realizado tras el traspaso de competencias ha revelado cifras preocupantes: un número elevado de estudiantes presentan tasas de absentismo que superan el 25% de faltas de asistencia injustificadas. Esto no solo tiene un impacto negativo en su educación y desarrollo personal, sino que también puede repercutir en su futuro académico y profesional.
La experiencia evidencia que, al actuar ante los primeros indicios de absentismo escolar, mayores son las posibilidades de revertir la situación. La identificación temprana de las personas menores de edad en riesgo, resulta clave para abordar este problema. En este sentido, este Protocolo ha apostado por una perspectiva y mirada preventiva, así como por la incorporación de la valoración del absentismo como una situación de riesgo. Por ello, la prevención y la valoración de la negligencia hacia las necesidades escolares por parte de los y las responsables de la atención, supervisión y cuidado de las personas menores de edad es su pilar fundamental.
